Miguel Vargas, Ricardo Díaz y José Miguel Carvajal advirtieron que no basta con garantizar un marco presupuestario. Exigen certezas sobre los ingresos propios, flexibilidad para ejecutar los recursos y condiciones que permitan concretar la inversión pública en los territorios.
En el marco de la Séptima Conferencia de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) de Regiones y Ciudades Mineras 2026, que se desarrolla en Antofagasta hasta el 30 de octubre, los gobernadores regionales de Atacama, Miguel Vargas Correa; Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés; y Tarapacá, José Miguel Carvajal Gallardo, realizaron un llamado conjunto al Ejecutivo para que el acuerdo presupuestario de los gobiernos regionales para 2027 se concrete sin letra chica y entregue certezas tanto sobre los recursos disponibles como sobre las condiciones para ejecutarlos.
La exigencia se produce en medio de las negociaciones entre la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (AGORECHI) y el gobierno central, luego que la propuesta presupuestaria inicial contemplara una reducción cercana al 12% respecto de los presupuestos de los gobiernos regionales. Tras la reunión sostenida con el ministro de Hacienda el pasado 19 de octubre en Cerro Castillo, se abrió un espacio de diálogo para buscar que el presupuesto efectivo de 2026 se mantuviera como piso mínimo para el año siguiente.
Las negociaciones se abrieron debido al doble empate registrado en la votación de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos del Senado, presidida por la senadora Yasna Provoste Campillay, situación que puso en riesgo la continuidad de la propuesta del Ejecutivo y contribuyó a acelerar las gestiones de los gobiernos regionales ante la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Si bien los gobernadores reconocieron avances en las conversaciones, advirtieron que la negociación no puede limitarse al monto asignado en la Ley de Presupuestos. La preocupación apunta también a las restricciones para ejecutar el gasto, la incertidumbre sobre los ingresos propios y la responsabilidad de los servicios públicos que participan en la materialización de los proyectos regionales.
El gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, destacó el trabajo asociativo de los gobiernos regionales y el respaldo parlamentario, principalmente de la presidenta de la Cuarta Comisión Mixta de Presupuesto, la senadora Yasna Provoste, que permitió retomar las conversaciones con el Ejecutivo. Sin embargo, enfatizó que el acuerdo debe abordar las condiciones reales para transformar los recursos en inversión concreta. “Una cosa es tener los recursos y otra cosa es poder gastarlos. En eso es muy importante que se asegure que existan mecanismos de flexibilidad para poder ejecutar de buena manera el gasto”, sostuvo Vargas.
La autoridad regional también relevó la importancia de entregar certezas sobre los ingresos propios de los gobiernos regionales, particularmente aquellos provenientes de la venta de activos fiscales, además de establecer reglas claras para la ejecución presupuestaria.
En ese contexto, Vargas puso especial énfasis en la realidad de las regiones del norte, donde la inversión pública depende en gran medida de la capacidad de ejecución de los servicios públicos. “En el caso de Atacama, el 85% del gasto depende de la ejecución que llevan a cabo los servicios públicos. Por lo tanto, cuando tenemos deficiencias en esa ejecución, eso nos termina afectando. Tiene que haber también un compromiso del gobierno central para que la ejecución se cumpla cabalmente”, afirmó.
Vargas agregó que las regiones del norte requieren un tratamiento que considere sus particularidades y que avance hacia mayores atribuciones para la administración regional. “El acuerdo con la Dirección de Presupuestos va mucho más allá del solo marco presupuestario. Ese es el llamado que queremos plantear desde el norte del país”, enfatizó.
Por su parte, el gobernador de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, valoró los avances alcanzados mediante la coordinación de los gobiernos regionales, aunque insistió en que todavía existen aspectos fundamentales que deben aclararse antes de cerrar un acuerdo. “Se está estableciendo un marco presupuestario que hemos logrado que sea mucho mejor a la propuesta inicial. Sin embargo, el acuerdo no es solamente respecto de un marco presupuestario. A nosotros nos interesa muchísimo que haya claridad respecto de la flexibilidad para poder ejecutar ese gasto”, señaló.
Díaz advirtió que disponer de recursos no garantiza por sí solo la posibilidad de utilizarlos oportunamente, por lo que también se requiere certeza sobre la apertura presupuestaria y las reglas que regirán durante el ejercicio 2027. Asimismo, llamó a transparentar los criterios asociados a los ingresos propios de los gobiernos regionales, incluidos aquellos provenientes de casinos, patentes mineras y ventas de activos fiscales. “Nos parece que el acuerdo tiene mucha letra chica y creemos que es necesario que el Gobierno se allane a transparentar esa situación”, afirmó.
En tanto, el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal Gallardo, sostuvo que la discusión presupuestaria debe considerar el rol de los gobiernos regionales como instrumentos para canalizar inversión pública hacia las comunidades. “Nosotros no queremos que se facilite el trabajo de los gobiernos regionales, nosotros queremos que se permita que podamos inyectar recursos en materia de salud, de seguridad y vivienda en los territorios”, expresó.
Carvajal enfatizó que la discusión no debe centrarse únicamente en las atribuciones de las autoridades regionales, sino en la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía mediante inversiones oportunas, transparentes y eficaces, por ello, respaldó el llamado conjunto para que el acuerdo con el gobierno central entregue condiciones claras para la ejecución de los recursos durante 2027.
Los tres gobernadores coincidieron en que el proceso de negociación debe profundizar en la descentralización fiscal, traducirse en compromisos claros y mecanismos que permitan a los gobiernos regionales cumplir su función de impulsar el desarrollo territorial, certezas sobre los ingresos, reglas de ejecución transparentes, mayor flexibilidad administrativa y una coordinación efectiva con los servicios públicos responsables de materializar los proyectos.
