El viernes 22 de abril se cumplió un año de la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, tratado regional que busca asegurar la protección ambiental y defensa de defensores de derechos humanos. Este y otros aspectos fueron abordados en la primera Conferencia de las Partes (COP 1) del Acuerdo de Escazú, que se desarrolló del 20 al 22 de abril en Santiago de Chile, y donde la sociedad civil logró importantes avances en la implementación de este tratado en América Latina y El Caribe.
La COP1 del Acuerdo de Escazú ha marcado un hito histórico a nivel global, porque se logró, con la participación del público, la aprobación de las reglas del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento (artículo 18 del tratado), que estará integrado por expertos, para asegurar su efectiva implementación, en colaboración con la sociedad civil.
En ese contexto, el 22 de abril, último día de la COP1, la Red Regional Escazú y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica – COICA, con el apoyo de la asociación civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, convocaron a una conferencia de prensa internacional, que se llevó a cabo en la misma sede de la COP: la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). El objetivo fue presentar un balance de la COP1 del Acuerdo de Escazú desde la sociedad civil.
En la conferencia de prensa, la abogada colombiana Natalia Gómez, Representante del Público y parte de EarthRights International, señaló que “ahora el público puede enviar una comunicación para indicar si un Estado no está cumpliendo con su rol. Además, este comité va a tener dentro de sus funciones adoptar medidas cuando hay personas que están llevando información y protegerlas, como es el caso de los defensores y las defensoras ambientales”. Además, indicó que la próxima COP Escazú se desarrollará en Argentina en el 2023, para elegir a los miembros de apoyo y cumplimiento, “entre ellos será importante la participación del público”, precisó.
A su turno, Carmen Capriles, representante de la Red Regional de Escazú y miembro de la organización Reacción Climática – Bolivia, afirmó que no han sido días fáciles porque hubo representantes de los Estados, como Bolivia, que quisieron trabar las negociaciones sobre los reglamentos del Acuerdo de Escazú y las reglas de procedimiento del comité, bajo la excusa de haber traído una propuesta consensuada con sectores sociales de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, pero que paradójicamente recién fue presentada el jueves 21 de abril por la mañana a los representantes del público y al presidente de la COP1, e incluso, en un momento, llegaron a plantear que los representantes de pueblos indígenas sean elegidos por los propios gobiernos.
“Hemos visto que no hubo una consulta que haya sido transparente, inclusiva, que haya tomado en cuenta no solo las voces afines al gobierno, sino aquellas voces independientes que también están trabajando en temas ambientales, que no son oposición necesariamente, sino que están ahí trabajando mano a mano para lograr una gestión ambiental efectiva dentro del país”, manifestó.
Asimismo, hizo un llamado al gobierno de Bolivia para abrir un diálogo con las diversas organizaciones, un diálogo inclusivo para poder hacer propuestas concretas que beneficien a todos. “Creo que este llamado no solo va para Bolivia sino para todos los países que son parte del Acuerdo de Escazú, para que en estos diálogos el público tenga mayor voz, mayor representatividad”, indicó.
En tanto, Óscar Daza, coordinador de derechos humanos y paz de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC) y el punto focal político del Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD) de la COICA, manifestó su deseo de que los países que aún no forman parte del Acuerdo se adhieran, como es el caso de Colombia, porque será una forma de dar voz a las comunidades indígenas. Y también resaltó la necesidad de que la implementación del tratado se haga con los pueblos indígenas.
“Siempre se ha buscado acallar la voz de los dirigentes indígenas. No queremos que se busque aislar las voces de quienes viven esa realidad de proteger la naturaleza día a día. Queremos que haya presencia del Estado y que asegure la vida de las personas. Esta primera COP es un gran impulso para que los países entiendan y escuchen en los diferentes escenarios, que los sectores sociales se pronuncien para la salvación de los pueblos indígenas y del mundo en general. Por eso es necesario que se ratifique el Acuerdo de Escazú”, enfatizó el representante de la OPIAC, organismo base de la COICA.
Por su parte, Johana Mendoza, representante de la Plataforma de Jóvenes Escazú – Perú y comunicadora de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), recalcó que se han incrementado los crímenes de defensores y defensoras del medio ambiente, por lo cual también pidió que el Estado de Perú debe ratificar el tratado regional con el cual se pueden detener los graves daños medioambientales, así como salvar vidas indígenas.
“América Latina y el Caribe son los lugares más peligrosos para los defensores y defensoras del medio ambiente. En Perú, existe un mecanismo para protegerlos, pero no ha servido de mucho debido a la pasividad del Estado. Queremos evidenciar los delitos ambientales que aún no han tenido una respuesta. Queremos vincularlo al Acuerdo de Escazú teniendo en cuenta la interculturalidad y poder tomar acciones cuando ocurran estos casos. Pedimos al gobierno que ratifique el Acuerdo de Escazú”, dijo Mendoza.
Finalmente, Carmen Capriles hizo especial énfasis en trabajar un plan de acción de género para la próxima reunión de la COP. “Este es un paso adelante muy positivo para ver temas relacionados a defensoras ambientales, temas de participación de la mujer como la agenda 2030, acceso a justicia ambiental, justicia climática. Hacemos un llamado a los gobiernos para generar diálogos más inclusivos y que la sociedad tenga mayor representatividad”, finalizó.
La Red Regional Escazú busca promover e incidir en la importancia de la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en la región de América Latina y el Caribe. Tiene sus orígenes en el Mecanismo Público Regional del Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Participan cerca de 27 organizaciones de la sociedad civil de la región.
Sobre el PDDD
El Programa de Defensa de Defensores y Defensoras Indígenas (PDDD) de la COICA es una iniciativa regional que busca consolidarse como una buena práctica desde las organizaciones indígenas para monitorear, hacer seguimiento, difundir y denunciar casos de vulneración de derechos de los defensores y defensoras indígenas amazónicos que se encuentran bajo situación de amenaza, violencia, criminalización y persecución por la defensa de sus derechos y territorios.
